Ni a animales no humanos se les niega alimento, agua y vida como a Wichíes
Los Wichíes denunciaron hace meses el uso extorsivo y clientelar de la entrega de Cajas Alimentarias enviadas por Nación, por parte de políticos formoseños, para hoy está previsto un nuevo reparto, estamos atentos a la gestión de ese recurso que pueden utilizar de tal modo gracias a la política de exterminio indígena, la negación y devastación de sus propios recursos.
Formosa, Argentina, 23 de enero de 2012 – Ingeniero Juárez es una ciudad del Oeste Formoseño, zona donde habitan varias Comunidades Originarias preexistentes al Estado Nacional, reconocidas por la Constitución, con sus derechos, cultura, idioma y territorio. A pesar de que varias generaciones de argentinos, inclusive sus descendientes, venga siendo adoctrinados en la idea de que ya no están, en consonancia con los objetivos de exterminio previsto por las campañas iniciadas en el Siglo XIX que por más sangrientas y atroces que hayan sido, y continúen siendo, no se ha consumado. Los indios resistieron y siguen resistiendo, y están, acorde a haber padecido y seguir padeciendo semejantes horrores, pero están. Prueba de eso, a pesar que desde el adoctrinamiento, no solo educativo se nos siga negando la historia, identidad y sabiduría ancestral, fruto de la experiencia de nuestra especie, con el medio que habitamos, somos parte y del que nos nutrimos, es el reconocimiento formal. Que no es respetado y constituye a quienes mantienen una política de Estado de “guerra contra el indio” en delincuentes, que no solo permanecen impunes, sin que se les haga la más mínima denuncia penal, mientras parte de su ofensiva en esa guerra es criminalizar a las víctimas que claman por su derecho. Sino la complicidad y silencio general al respecto, mucho más notorio desde quienes están bien al tanto de lo que ocurre, y cuando se trata de otro tipo de violaciones de derechos se rasgan las vestiduras, pero mantiene respecto al indio en los hechos, por más defensa verbal tibia que ensayen, la discriminación que determina la doctrina del exterminio consumado y el supuesto de una nación homogénea en su diversidad solo reconocida a la hora de menospreciar hasta reivindicando, meras cuestiones estética de color de piel, expresión, gustos y hasta clases.
Hay Comunidades Originarias que tienen reconocimiento territorio y reconocimiento legal por parte del Estado cuando es un gran negocio para quienes portan su poder político. Consiste en determinar un “cacique” dentro de la población para legitimar lo que políticos, empresarios, organizaciones gubernamentales, lo que sea que les rinda más económicamente y en lo inmediato determinen, inconsulto y sin tener en cuenta la preservación y fomento de la comunidad como tal, que hasta ser reconocidas el Estado persiguió para el exterminio, pero hoy si su falta de ética y humanidad se lo permiten las leyes se lo impiden, y no pueden cuanto menos ocupar cargos públicos si son capaces de ir contra la población que dicen representar en nombre de un estado con semejantes antecedentes contra estos pueblos. Sin embargo las estrategias del exterminio siguen en práctica, negación de acceso a las fuentes de agua, como está siendo el alambrado del Bermejo contra los Wichíes y la usurpación de la Laguna Blanca por parte de Parques Nacionales contra los Qom, destrucción de recursos fuente de medicina y alimento, como es el desmonte o idiotez de despojar a la tierra de lo que produce sola para la vida para hacerla producir cosas que la destruyen, como la sojización, contaminación y devastación de recursos. Que en el caso del Oeste formoseño están llevando a cabo ciudadanos ingleses como Henderson, en sociedad con Ingenieros como Walter Paganti y ciudadanos conocidos como Daniel Cingolani por TC2000, que provee maquinarias como topadoras mientras a través de las empresas Grain, Tecsidir y Agropecuaria La Corona, pueden explotar territorios y se les da vía libre para realizar fumigaciones aéreas con productos que reducen en corto plazo miles de hectáreas de bosque nativo, productos extranjeros, que se importan sin ningún tipo de problemas, por lo visto, territorio ni legalmente autorizado para tales fines, a la nada.
Así matan destruyendo las fuentes de alimento, de salud, y con los tóxicos que esparcen que desde hace años se viene denunciando, sin que haya ni causas penales ni nada para los responsables, más que privilegios para continuar y peor.
En el monte está el supermercado, la farmacia, la vida, hace pocos días los niños Qom buscando miel en su territorio fueron atacados a balazos por usurpadores de su territorio, avalados por el estado y su política criminal que continúa prácticas de las que se debe disculpar y reparar respecto de las comunidades indígenas, no reincidir.
El tema de los caciques legales o punteros en las comunidades con los que tratan las autoridades política, para apropiarse y devastar los territorios como con consentimiento de la población, es lo que ocurre en el caso más conocido de La Primavera, con los Qom, tres veces fue elegido legal y legítimamente por su Comunidad Félix Díaz como representante, pero el Estado sigue respaldando a Cristino Sanabría, que cedió parte del territorio a sojeros, no reclama por los territorios que el estado les quita, y se sume a aceptar viviendas y privilegios para un grupo en un espacio reducido en el que pierden su identidad y pasan a depender del estado, mientras los dueños de su tierra pasan a ser explotados por los usurpadores en el uso extractivo y contaminante del territorio. Es eso o morir menos lento, o irse a ser explotados más lejos, o luchar y ser perseguidos, hostigados, reprimidos y querellados judicialmente por quienes delinquen contra ellos, pero con la impunidad que da un Estado que por sus leyes cambió y por sus acciones un poco también, ahora es criminal y terrorista con más cómplices, cuando antes era solo injusto pero cuestionado con quienes ante lo mismo que hoy dejan pasar, hubiesen al menos cuestionado.
Hilario Martínez en la Comunidad Wichí de Barrio Obrero es el “cacique” que legitima que sus 6 mil hectáreas de territorio no sirvan a sus dueños, que ni siquiera puedan vivir en ellas, solo 12 familias quedan en territorio y son perseguidas para desarraigarlas, la mayoría de la comunidad permanece al borde del casco urbano de Ingeniero Juárez, sin agua, sin alimento, haciendo changas para quienes los usurpan o usurpan a otros como ellos, soportando ser encerrados en cada elección en campos de concentración donde para comprar la libertad tienen que votar por el candidato oficial. Unicef con gran facturación junto al estado nacional les instaló una bomba de agua y el Intendente se las mandó a robar y ahora se las vende, si reclaman los condenan a consumir agua podrida. La esposa de Hilario, Cristina amado trabaja para el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) realizando manejo clientelar de los recursos que son para las comunidades. La Comunidad reclama elección de sus autoridades, el mandato de Cristino está vencido, desde la Gobernación se quedaron con la documentación de la comunidad, como en La Primavera los Qom, quieren elegir a sus autoridades, ya está visto que así lo hagan, quienes representan la libre determinación y asumen la defensa de sus pueblos acorde a derecho, son impedidos de gestionar hasta el DNI para sus propios familiares como le sucede a Félix Díaz, no los reconocen, y se siguen manejando ilegalmente con quienes les sirven para joderlos.
Así desarraigados e impedidos de acceder a sus fuentes de alimentación, ante lo pobre y necesitados que los vuelven, cuando no lo son, les generan la necesidad de cajas alimentarias, por el acto impune, cruel e innecesario de hacer negocios a pérdida total humana y naturalmente, con lo de ellos. Ningún progreso ni desarrollo hay en eso, solo delincuencia, que hasta ahí no les basta. Tampoco el derecho a las cajas alimentarias respetan, sino que las usan para punterísmo, quien denuncia no recibe, quien permanece alejado en territorio tampoco, y unos cuantos más también, por las dudas, puesto que las cajas contiene aceite y otros insumos que en el caso de Juárez el Intendente manda a almacenar y luego revenden.
Hacer una denuncia de lo que sea es un trámite burocrático insoportable, padeciendo exterminio y todos estos atropellos, exponiéndose a las represalias de las que guardarse o temer, ya ven que no les resulta en nada mejor, sin medios para viajar a donde se pueden realizar, teniendo dificultades de idioma, impedimentos de documentación y siendo solo discriminados por ser indios, en el mejor de los casos, con toda la fuerza de la resignación de la población que tiene contacto, en contra, sobre que es imposible cambiar esta situación, o que prospere en un sentido de justicia ante tantos atropellos. Los wichíes siguen resistiendo, intentando (en la doble adaptación de mantener sus costumbres y aceptar las reglas de quienes mantienen actitud de guerra contra ellos en los hechos, apuestan a lo que debe soportar a quien se volvió minoría desarmada y aislada, no reconocida por las demás ni como tal, para ser solidarios, cuando se trata de indios dicen que debieran ser populares y no sé qué más para que les cedan algo, cuando a cualquier minoría y hasta personas, mucho más si son multimillonarios, corruptos, mafiosos y tenedores de tierras de los que amerita respetarles su propiedad, les dan hasta lo que a ellos les quitan) van al juzgado y denuncian, y no alcanza, y nos avisan con mucho esfuerzo, que quien goza de agua, luz, internet y alimento no puede estar tan ciego de no ver, tan necio de pensar que sus privilegios entren en riesgo por sumarse siquiera a difundir, o quien sabe qué pasa que es tan difícil, cuando para cualquier otra cosa mucho menor a esto manifiestan tanta sensibilidad e indignación y colaboración para lograr que cuantos hagamos falta nos hagamos eco hasta que deba hacerse inevitable la justicia. Esto sería que los respeten como humanos con sus derechos, originarios con sus derechos y a todos con nuestra historia e identidad, que mejor progreso y desarrollo que eso podríamos tener, por qué se oponen los que delinquen desde el Estado con esas excusas que sea así.
Reclamar por estas cuestiones no es no aceptar la realidad inmodificable, “hacer el juego a la derecha”, ni ninguna psicopateada que los que se dicen militantes de una política de derechos humanos, en el discurso, ponen en evidencia que son solo mercenarios avalando en los hechos su violación sistemática hacia a quienes hoy por hoy es preciso que sea reconocidos y respetados, y se puede en lo inmediato, como debe ser satisfecha la necesidad de comer, beber o tener donde estar parados para ser y estar, que hace a todo lo demás de las cosas de la vida.
Ni siquiera es ejercicio de oposición política burguesa ¿vimos acaso que desde algún partido de la competencia electoral salga siquiera una denuncia verbal, mucho menos penal por estos delitos hacia los responsables? En cuanto al exterminio indígena no hay oposición política, solo usos menores del tema como para quedar bien, amagar y negociar. Seguir negando, no denunciar, callar es no remitirnos a la realidad como es, que si no aceptamos y reconocemos será difícil que cambie.
Hoy lunes 23 de enero de 2012, representantes del Gobierno nacional con el Intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, van a repartir la prueba de sus delitos, que llaman cajas alimentarias, veremos si usándolas otra vez para delinquir más a su vez, como en esta oportunidad que fueron a denunciar los Wichíes, trascribimos, y nos piden que no seamos meros destinatarios, sino parte de difusión, de manera tal que cuanto se logre este siquiera una mínima parte de magnitud de esfuerzo que significa lograr esto para ellos, y comenzar a darlo a conocer, todo lo que nos escandalice de lo que sucede debemos tener en cuenta que en el marco del genocidio que está transcurriendo son cosas cotidianas y pequeñas muestras de lo que están pasando en lo concreto día a día, y que no por lo naturalizado, silenciado, o aprendido por muchos que no pasa, y por otros tantos divulgados no deja de ocurrir, cuesta mucho sufrimiento, del que nadie es ajeno y sabemos que duele más cuando es evitable, ojala sepamos entonces como es cuando somos responsables, si podemos y miramos hacia otro lados con lo mínimo que podamos sumar.
"Si sos tan cazador recolector y pescador, anda a buscar comida al Río no me vengas a pedir comida a mi si después me andas criticando" le dijo el intendente a un Wichí, el problema es que no se le pide a él, no es dueño de los recursos que maneja como si lo fuera, además es parte responsable de que tengan que estar en esa situación, y el Río está alambrado, si trasgreden los matan y les dicen que no pueden denunciar por invadir (su propio territorio).
Rita Venturino
En Las Lomitas, provincia de Formosa, siendo las 10.53 hs. del día 29 de marzo
de dos mil once, comparecen ante esta fiscalía de la tercera circunscripción judicial, dos personas mayores, aparentemente capaces, con deseos de radicar una denuncia. Enterada de las penas con que la ley castiga la falsa denuncia (art.245 del Código Penal) persisten en su
propósito y preguntada por sus datos de identidad resultan ser y llamarse: JORGE RODRIGUEZ, DNI 4546835, DIVORCIADO, ARGENTINO, 64 AÑOS Y
AGUSTIN SANTILLAN, DNI 29011687, SOLTERO, ARGENTINO, 28 AÑOS, ambos
domiciliados en Comunidad Wichí Barrio Obrero de la localidad de Ingeniero Juárez. Y seguidamente DENUNCIAN:
Que el día 12 de marzo del cte. año se recibe en Ingeniero Juárez cajas del plan nacional de seguro alimentaria, las cuales el intendente Cristino Vidal Mendoza, las repartió en el Centro Comunitario (uno de los lugares) junto con su patota aborigen en forma arbitraria extorsionando a la gente que si denunciaba el tema de las tarjetas y no firmaban planillas y libros de actas no les entregaban la mercadería. Que testigo presencial del hecho es Agustín Santillán, además Albina Espeche (miembro de la Comunidad y realiza trabajos sociales). Que todo eso se daba dentro de un marco de maltrato, humillación y prepotencia. Explican los comparecientes que sorprende esta entrega repentina, pues viajaba personal de Anses nación a tomar denuncias de las tarjetas retenidas y que seguramente utilizaran las firmas para continuar posesionados en la Comisión Vecinal, cuyo período de presidencia del señor Hilario Martínez está vencido hace tres años, habiéndose cumplido aparte los dos que corresponden y hasta el momento nunca hizo balance, rendición de cuentas y se teme por muebles y útiles propiedad de la comunidad.
Siguen relatando los comparecientes diciendo que quedaron muchísimas familias
sin recibir sus alimentos en todos los barrios, agudizando el ya existente estado de desnutrición causal de la mortalidad infantil cada vez en mayor volumen. Que para certificar estos dichos basta con consultar las estadísticas. Que en cuanto a las comunidades sitas más al interior de Juárez, por ejemplo Bolsa Paloma, Pozo del Pato, muchas
personas, entre ellas Antonia Fernández no recibieron la caja, que le comentaron que el Intendente en forma personal salió con tractor hacia dichos lugares a entregarlas que solo entregó a unos pocos. Que radican la presente denuncia porque les preocupa que estas personas están violando el derecho humano a la alimentación y encima con fondos
provistos por la Nación. Que este hecho se hizo público el sábado 26/3/11 por Radio Identidad de Juárez donde hablo Santillán, Albina Espeche y Ana Mariño, poniendo de manifiesto que esta acción es liderada por el Intendente y su patota aborigen, compuesto por: Hilario Martínez, Cristina Amado, Juan Carlos Santillán, Atanacio Segovia, Magdalena Matorra, Hercilia Aguero, Cerafina Galian, Pedro Delfin, Eliseo Delfin. Que
todos los días es falta de respeto, mal trato y peleas callejeras. Que como padre, sus hijos se pelean entre diferentes barrios inclusive interviniendo también algunos criollos. PREGUNTADO: si los beneficiarios conocían el contenido de las planillas y actas que solicitaban la firma.
RESPONDE: que desconocían.
PREGUNTADO: si fueron muchas las personas que quedaron sin recibir las cajas.
RESPONDE: que sí que aproximadamente se entregó el 60% de las mismas. Que del resto
desconocen el destino que tuvieron.
No siendo para más las 11.40 hs. se da por finalizar el acta previa integra lectura y ratificación firman al pie los denunciantes todo ante mí, Procurador Fiscal.
Jorge Rodríguez Agustín Santillán
DR DIEGO ANTONIO GONZALEZ
traslado de aborígenes para encerrar en las elecciones 2011 en Ingeniero Juárez
